El transporte internacional con furgonetas de 2,5 T. necesitará titulación

El transporte internacional de mercancías por carretera realizado con furgonetas de más de 2,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada (MMA) se ha movido en la desregularización más absoluta. Una circunstancia que el Paquete de Movilidad busca controlar con un apéndice normativo que define requisitos y obligaciones para este tipo de transporte. La norma entrará en vigor el próximo 22 de mayo y cambia por completo el escenario de juego, ya que iguala estos servicios a los realizados por vehículos pesados de más de 3,5 toneladas.
A partir del texto que será válido a partir del 22 de mayo, los vehículos de transporte ligero con más de 2,5 toneladas de MMA que realicen transporte internacional deberán solicitar tener una licencia comunitaria de transporte, de igual forma que los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas. Sobre el papel esto significa que los conductores deberán tener el título de competencia profesional y cumplir los requisitos de capacidad económica y honorabilidad que ya se exigen a los vehículos de mayor tonelaje.

Aunque el texto equipara las furgonetas de más de 2,5 toneladas con vehículos más pesados de transporte, es cierto que existe un matiz. En el caso del requisito de capacidad económica se reduce el importe a justificar a 1.800 euros para el primer vehículo y 900 para el segundo y sucesivos. Además, este tipo de vehículos están exentos de utilizar tacógrafo hasta 2026. Los conductores con al menos diez años en la actividad -como titulares de una autorización de transporte MDL- también están exentos de poseer el título de transportista.

Los chóferes que no cumplen con este requisito deben tener de manera obligatoria el título de competencia profesional para poder llevar a cabo su labor o, en su defecto, contratar como gestor a una persona capacitada que posea el título. Una medida unificada para toda Europa, ya que por su concepción en el Reglamento europeo es directamente aplicable sin tener que ser traspuesto a una norma nacional que pueda dilatar los plazos de ejecución. De esta forma, la nueva realidad será común en todo el continente el 22 de mayo.